Conoce la investigación desarrollada por Fundación Acceso donde reveló que, a pesar de existir marcos legales para proteger la privacidad, hay fragilidad institucional, normativas ambiguas, y una cultura del secreto en el ámbito de la vigilancia.

Una investigación realizada por la Fundación Acceso, con el apoyo del Fondo Holandés de Derechos Humanos para Centroamérica, administrado por ICCO Cooperación.

La investigación se titula “¿Privacidad digital para defensoras y defensores de derechos humanos?, un estudio sobre cómo los marcos legales de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua pueden ser utilizados para la protección, criminalización y/o vigilancia digital de defensoras y defensores de derechos humanos”.

Información obtenida del resumen ejecutivo y de la nota de prensa anunciando el lanzamiento de la investigación:
http://acceso.or.cr/files/investigacion-resumen-ejecutivo.pdf

Investigación completa:
http://acceso.or.cr/files/Investigacion-Privacidad-Digital-FA.pdf

Marlon Herńandez Anzora, investigador de El Salvador, afirmó que existe un marco jurídico con importantes garantías, muchas de ellas en concordancia con los estándares internacionales, sin embargo hay una gran fragilidad institucional y una coyuntura política-social que permite que muchas de estas legislaciones puedan ser irrespetadas, burladas o desconocidas por quienes detentan el poder. Además, la discusión sobre las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es aún incipiente y existe poco control ciudadano.

En Guatemala, Jorge Jiménez Barilla y Hedme Sierra Castro, concluyeron que la legislación no es clara ni precisa con respecto al tipo de comunicaciones que se pueden interceptar, ni tampoco sobre las causas y formalidades legales que se deben cumplir. Las leyes establecidas no cumplen con los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, por lo tanto, es necesario reformarlas.

Por su parte, el investigador Edy Tábora Gonzales sostiene que en Honduras las normas restrictivas son muy ambiguas y abiertas, permitiendo solicitudes de vigilancia en internet y en las telecomunicaciones por cualquier delito, y con el agravante de que no hay necesidad de una prueba para valorar la necesidad y proporcionalidad de la intervención.

Y en Nicaragua, Mireya Zepeda Rivera comenta que, definitivamente, la adecuación de la normativa, con respecto a los estándares nacionales en materia de privacidad digital es un verdadero desafío, pues a pesar de contar con legislación, hay una evidente falta de voluntad política, centralización del poder y la criminalización de la defensa de los derechos humanos, temas recurrentes contra el sector civil del país. Tampoco existen instituciones que den cumplimiento a los procedimientos para garantizar estos derechos.

Sobre Fundación Acceso
Fundación Acceso es una organización sin fines de lucro, con sede en Costa Rica, con más de 20 años de experiencia y que desde el año 2007 trabaja en la región centroamericana con defensores y defensoras de derechos humanos en riesgo, apoyándoles en proceso relacionados con la Seguridad de la Información y la Comunicación.

¿Es seguro defender los DDHH en Internet?

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