La organización Human Rights Watch publicó una investigación que revela hasta dónde las plataformas educativas online adoptadas por más de 49 países recolectaron información de las y los menores de edad.
La pandemia de la Covid-19 aceleró procesos de digitalización en muchos ámbitos: el laboral, el sanitario, el comercial y, también, el de la educación. La urgencia de contar con estrategias que permitieran mantener las clases en situación de aislamiento empujó a las instituciones educativas a adoptar rápidamente plataformas educativas de todo tipo sin demasiada reflexión. Las exigencias de un contexto desconocido, la ausencia de recursos financieros, la noción extendida de neutralidad de la tecnología y las condiciones de conectividad fueron algunas de las variables que explicaron la adopción apresurada de plataformas educativas (EdTech).
La investigación de Human Rights Watch revela que el 89% de las 164 aplicaciones educativas analizadas rastrearon las actividades de las y los niños fuera de sus aulas virtuales sin su consentimiento ni el de sus padres y enviaron esos datos a terceros, principalmente empresas de publicidad. Es decir, las plataformas educativas «realizaban prácticas de datos que ponían en peligro los derechos de los niños, contribuían a socavarlos o infringían activamente estos derechos» [1].
Con estos datos, las empresas de publicidad dirigieron publicidad conductual a las niñas y niños. «Al utilizar los datos de los niños -extraídos de entornos educativos- para dirigirles contenidos y anuncios personalizados que les siguen por Internet, estas empresas no sólo distorsionaron sus experiencias en línea, sino que también se arriesgaron a influir en sus opiniones y creencias en un momento de sus vidas en el que se encuentran en alto riesgo de interferencia manipuladora», explica el informe [2].
«Las niñas y niños no deberían verse obligados a renunciar a su intimidad y a otros derechos para poder aprender» Hye Jung Han, HRW.
Human Rights Watch incluyó en su informe una serie de recomendaciones dirigidas a gobiernos y ministerios de educación, docentes, empresas tecnológicas y de publicidad que exigen el respeto de los derechos de las niñas y los niños. Lo que estas recomendaciones no contemplan es la crítica al modelo de desarrollo tecnológico neoliberal. Sólo con la adopción masiva de software libre y distribuido podemos garantizar auditorías transparentes del código que expongan este tipo de prácticas ilegales.
La investigación de Human Rights Watch demuestra que la decisión de autorizar el uso de software educativo privativo con menores de edad no debió tomarse a la ligera. Como vienen denunciando organizaciones de derechos digitales, desde hace más de una década, los derechos fundamentales de las niñas y niños -entre los que se encuentra la privacidad- está en juego.
