Compartimos el primero de los 10 desafíos estratégicos que las radios y medios comunitarios pueden afrontar para mantener su relevancia en el panorama informativo pospandemia. Puedes leer los demás en Radios Pospandemia. Herramientas y estrategias para la nueva normalidad.
El derecho a la comunicación es un concepto amplio en el que confluyen muchos otros derechos fundamentales: el derecho a la libertad de expresión y de opinión, la libertad de prensa, el acceso a la información, el derecho a la cultura y a la educación, el derecho a la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones, y el derecho de asociación entre otros. Este derecho resulta clave para garantizar otros derechos y no es exclusivo de los medios de comunicación, sino que es un derecho de cada individuo. Las y los ciudadanos no son entendidos solo como receptores pasivos de información, sino como sujetos activos de la comunicación.
Los medios de comunicación comunitarios han sido clave en su promoción y defensa. Así lo han hecho entre las organizaciones de base, frente a sus Estados, en comisiones internacionales y en foros mundiales. La defensa del derecho a la comunicación implica el reconocimiento de los medios comunitarios –en aquellas legislaciones que solo contemplan a las emisoras privadas y públicas–, el acceso y la reserva de frecuencias, y el desarrollo de políticas y programas de promoción de la comunicación comunitaria.
Esta fue la bandera que impulsó la aprobación de nuevas legislaciones de comunicación que, con sus limitaciones, reconocieron la pluralidad como un valor. Sin pluralidad y diversidad de medios no se contrastan los puntos de vista y la mirada única se convierte en la norma, lo que debilita al sistema democrático. Al ser el espectro radioeléctrico un bien finito, los Estados son los responsables de gestionar una asignación plural de la explotación de las frecuencias.
Con el aumento de la penetración de las tecnologías de la información y la comunicación, los canales de expresión se diversificaron. Ya no se estaba frente a un escenario de escasez. Quien tuviera una conexión a Internet y un equipo podría participar en igualdad de condiciones de lo que se llamó la “esfera pública conectada”. Se daba la bienvenida a la nueva ola de democratización de la comunicación.
Las radios comunitarias recibieron con entusiasmo la posibilidad de extender su alcance: comenzaron a transmitir online a través de servicios de streaming, a comunicarse con sus oyentes a través de redes sociales y a subir a sus páginas web la programación. También pudieron acceder a información periodística, contactar directamente con fuentes relevantes y estrechar el vínculo con su audiencia. Comenzaron a habitar un nuevo territorio digital, del cual pronto conocieron sus códigos y limitaciones.
Poco a poco fue más evidente que los grandes problemas de la comunicación no estaban resueltos, sino que se transformaban. El discurso de odio en redes sociales, la brecha digital, los sesgos algorítmicos y los filtros burbuja, la concentración de las plataformas, la divulgación de noticias falsas y el desorden informativo, los contenidos promocionados, la censura, el derecho al olvido, la violencia machista en línea o la vulneración de la privacidad, no eran más que nuevas manifestaciones de los viejos y conocidos problemas de la comunicación. Las tecnologías digitales no eran necesariamente parte de la solución, sino que obligaban a las radios comunitarias a seguir defendiendo el derecho a la comunicación. Esta vez, en los territorios digitales.
El ecosistema digital de hoy dista mucho de la Internet construida sobre valores de apertura, descentralización y pluralidad que las comunidades hacker desarrollaron en el siglo XX. La concentración de las plataformas, el software y la infraestructura vuelven a establecer un escenario de escasez, en el que pocos jugadores establecen las reglas. No es un problema de las tecnologías en sí, sino de su modelo de desarrollo basado en valores privativos y capitalistas. La construcción de territorios digitales que rompan con esta lógica todavía es posible, con herramientas y prácticas que se inspiran en la tradición de la defensa del derecho a la comunicación.
