Periodistas, políticxs y activistas fueron espiados sistemáticamente a través de sus teléfonos celulares.
Esta semana una coalición internacional de medios de comunicación y organizaciones sociales publicó Proyecto Pegasus, una investigación impulsada a partir de la filtración de la lista de 50 mil números de teléfonos que fueron objetivo del software malicioso Pegasus. Personajes de la política, periodistas, activistas y personas perseguidas fueron espiadas y sus comunicaciones se vieron comprometidas. La investigación ha logrado identificar a por lo menos mil de las personas afectadas: «65 ejecutivos de empresas, 85 activistas de derechos humanos, 189 periodistas y más de 600 políticos y funcionarios gubernamentales».
Pegasus es un programa espía desarrollado por la empresa israelí NSO Group que aprovecha las vulnerabilidades de los sistemas operativos y apde los teléfonos celulares o utiliza técnica de phishing para instalarse en los celulares y acceder no sólo a todos los mensajes, contactos y posiciones de GPS, sino que tiene la capacidad de activar la cámara, el micrófono y grabar las conversaciones telefónicas.
Que los Estados y empresas usan software malicioso para espiar no es una novedad. En 2015 se filtraron documentos de la empresa de software de vigilancia Hacking Team que revelaban cómo los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Panamá habían comprado tecnología para espiar a sus ciudadanos. Es decir, es una práctica mucho más difundida de la que pensamos. La novedad, en este caso, es que se desvelaron los objetivos, entre los que se encuentran el círculo cercano del periodista Jamal Khashoggi, padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, o periodistas como Carmen Aristegui o Carlos Pineda, quien fue asesinado una semana después de comenzar a ser espiado.
Aunque por ahora no hay pruebas de que se haya espiado a comunicadoras y comunicadores de radios comunitarias, no significa que estén exentas de riesgo. Las radios comunitarias están expuestas en muchos frentes. Por un lado, no siempre cuentan con reconocimiento legal que las ampare y sus miembros son perseguidos y criminalizados, como el caso de Guatemala. Por el otro, las radios comunitarias trabajan codo a codo con activistas y organizaciones que pertenecen a movimientos de defensa de derechos humanos, de la tierra, de los derechos sexuales y reproductivos, ecologistas, campesinos, indígenas, que sí son claro objetivo de criminalización por parte de empresas y gobiernos. Como dejó en evidencia el Proyecto Pegasus, además de la vigilancia masiva, la vigilancia dirigida a través de los teléfonos es una realidad.
Las revelaciones del Proyecto Pegasus tiran por los suelos el mantra de «no tengo nada que esconder». Las personas vinculadas a las radios comunitarias son objetivos de vigilancia, también lo son su entorno y sus fuentes. Ya no se puede pensar que las comunicaciones personales -y datos como la posición geográfica- carecen de valor, que son insignificantes, que la privacidad digital es prescindible. La privacidad, en todas sus formas, es un derecho.
Es verdad que esta es una vulneración flagrante a los derechos humanos y que las personas e instituciones responsables tienen que enfrentar las consecuencias. La respuesta a la vigilancia, masiva y dirigida, y a las vulneraciones a la privacidad exigen una respuesta colectiva: la garantía de los derechos humanos, el desarrollo de regulación específica, protocolos de privacidad por diseño, persecución a las vulenraciones, acuerdos internacionales, formación en seguridad y privacidad digitales, etc. Mientras tanto, las radios pueden incorporar cuidados digitales que permitan fortalecer la seguridad y proteger la privacidad.
Para saber más:
- Nuevas revelaciones sobre el uso de Pegasus en México refrendan la necesidad de garantizar verdad, justicia y no repetición en el caso Gobierno Espía – R3d.mx
- Una filtración destapa el uso del software de espionaje Pegasus contra activistas y periodistas en todo el mundo – Eldiario.es / The Guardian
